En los últimos años, la tecnología inteligente (o smart) ha pasado de concepto a realidad. Ciudades inteligentes ya están en camino y muchos de los sistemas se están haciendo más accesibles, intuitivos y cada vez más integrales a la hora de afrontar los problemas de las poblaciones locales.
Con un mercado que se prevé duplicará de $81 mil millones a $151 mil millones globalmente – de acuerdo con el IDC’s Worldwide Semiannual Smart Cities Spending Guide – vemos que no solo grandes capitales mundiales sino también pequeñas y medianas ciudades están confiando en tecnología inteligente para mejorar la vida de los ciudadanos, mejorar sus redes de infraestructuras y recortar gastos. Sin embargo, naturalmente, el desarrollo tiene un precio, y en casos como el del sector público, el planteamiento de lo Inteligente tiene que ser inteligente también.
Un sector público smart puede, obviamente, traer grandes ventajas a las poblaciones locales. La burocracia sigue siendo un gran obstáculo para muchos países o gobiernos locales y la accesibilidad digital no ha entrado todavía en muchos de los servicios públicos, como la salud, la educación, la seguridad social e incluso los sistemas electorales.
Aunque suene ilógico, teniendo en cuenta el número de personas a las que el sector publico atiende, es perfectamente natural que se quede atrás. El sector privado tiene más financiación, inversión específica, y el ánimo de seguir expandiéndose y desarrollándose continuamente. El sector público, a su vez, está bastante expuesto a factores como el cambio político, retrasos – o falta – de financiación e incluso su propia burocracia para aprobar leyes y presupuestos que permitan la implementación de tecnología smart.
Ser inteligente sobre el modo como ser Inteligente
Para enfocar objetivamente este problema, el sector público tiene que ser inteligente con respecto a la implementación de sus propias políticas y tecnologías smart. Mientras el sector privado puede centrarse totalmente en la usabilidad, los gobiernos (y cuanto más pequeños son, más difícil se hace) tienen que tener en cuenta el efecto de ciertas políticas en el desarrollo científico o tecnológico, no solo en las poblaciones sino también en sus presupuestos. Esto, sin embargo, no es una situación de vida o muerte para cualquier ciudad sin los fondos necesarios para implementar un cambio a gran escala. A diferencia de toda la expectativa que se ha generado, las ciudades Inteligentes no son absolutas y la tecnología puede implementarse gradualmente, dentro de sistemas micro o comunidades locales.
Inteligente no es el futuro – Ya está aquí.
Tan cerca como en el Reino Unido, muchas ciudades ya están ondeando la bandera de la tecnología smart, con avances relevantes, problemas e industrias como las de datos e información, energía, congestión de tráfico, contaminación y sostenibilidad ambiental, gestión de instalaciones e incluso smart living. Puede que muchos de estos avances parezcan “invisibles” a la luz de la expectativa generada con respecto a las ciudades del futuro, pero ciudades reales, en el presente, como Glasgow (una ciudad Inteligente líder mundial), han invertido ya millones en proyectos orientados hacia la disminución del consumo de energía pública y los costes asociados, todo ello mientras trabajan para la sostenibilidad y, a su vez, una mejor vida para sus ciudadanos. Otro buen ejemplo de cómo la tecnología Inteligente puede, simultáneamente, reducir los costes y aumentar, considerablemente, la calidad de vida en ciudades pequeñas y medianas es la movilidad urbana. Con redes de transporte público altamente subvencionadas, tener transporte Inteligente en ciudades de baja o variable demanda de pasajeros, puede liberar una gran porción del presupuesto público y traer una oferta de transporte de gran ciudad – a la vez que mejora la calidad del aire – a pequeñas poblaciones que, normalmente, se quedan atrás en el desarrollo tecnológico.
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Al final, ser Inteligente, requiere que los ayuntamientos y el gobierno sean inteligentes. La implementación debe ser gradual, moderada y enfocada en la relación entre reducción de costes y mejoría de las vidas de los ciudadanos. Con prioridades claras y las políticas correctas, el gobierno puede usar la implementación de tecnología smart para conducir y reorientar la inversión pública, liberar fondos adicionales para más tecnología y facilitar a los ciudadanos y a los trabajadores públicos las herramientas digitales e inteligentes necesarias para mejorar sus vidas.
